por Simon Granovsky-Larsen

Traducción de Fernanda Escarcega Chavarria.

La temporada de lluvias está por terminar. Me encuentro parado a la orilla del Río Bolo, en el litoral de Retalhuleu, con dos defensores comunitarios del agua. Sobre nosotros se elevan los restos de un puente de concreto por el que la gente de la comunidad El Rosario solía cruzar éste que alguna vez fue un magnífico río. Antiguamente el nivel del agua quedaba diez pies por encima de sus cabezas; hoy, corre apenas alcanzando la altura de sus rodillas.

La razón de esta escasez puede verse en la ribera en la que estamos: en tierras donde antes se cultivaba maíz, desde hace cinco años se ha estado sembrado caña de azúcar desenfrenadamente. En la Costa Sur de Guatemala, los sembradíos nacionales de caña de azúcar, palma africana, hule y banano, están siendo expandidos a costa de la agricultura de subsistencia y los ríos cercanos están siendo desecados para mantener la irrigación comercial. En un país donde muchas comunidades rurales dependen de los ríos para obtener el agua que beben y con la que limpian todos los días, las tácticas industriales de desvíos no autorizados, represamiento y remoción mecánica de agua, amenazan la subsistencia de los residentes locales.

Desde qua la ley guatemalteca prohíbe la extracción de agua de río no autorizada, la gente de las comunidades aledañas ha empezado a clamar que sus ríos han sido “secuestrados.” Y ha empezado a luchar para liberarlos.

El Rosario es una de las 18 comunidades – predominantemente indígenas – del municipio de Champerico, que se han organizado colectivamente para reabrir los cinco ríos que corren por su territorio. Comúnmente los habitantes actúan por medio de la fuerza, abriendo pequeñas presas con herramientas de mano o removiendo tuberías de irrigación. En ocasiones, sin embargo, son las mismas empresas de caña las que se encargan de liberar los ríos para evitar confrontaciones o para acatar los acuerdos a los que han llegado con las comunidades.

“Cuando fuimos a liberar el Río Ixpátz, iban como unas 30 mujeres con piochas y palas,” dijo Santiago. “Pero al ver las autoridades del ingenio Palo Gordo también ellos mismos con su maquinaria sacaron la tapa que [la empresa] tenían y ya dejaron liberado el río.” Actualmente, las comunidades organizadas llevan a cabo patrullajes periódicos de los ríos, buscando nuevos puntos de sustracción de agua y asegurándose de que los que se han liberado permanezcan así.

“Creo que agarré más valor … me siento bastante tranquilo, más animado, sigo motivado de seguir luchando, para un día conseguir la liberación de nuestros ríos.”

A lo largo del límite departamental en con Suchitepéquez, un grupo de campesinos, en coordinación con el Comité de Unidad Campesina (CUC), ha ocupado un terreno de plantación de caña de azúcar y palma por más de un año; éste es una entre otras varias acciones de presión sobre la disputa por la Reforma Agraria en Guatemala. Al tomar el terreno, una de sus primeras labores fue la remoción de los motores de irrigación con los que se había estado drenando el Río Icán.

“Entonces aquí en esta parte al menos, lo liberamos [al río] porque ya no hay desvío, ya no hay motor sentado ahí,” dijo Julio. “El río sí tiene una poza grande, esa mantiene su nivel de agua bien.”

Una vez que aseguraron la fuente de agua para su nueva comunidad, el grupo se dirigió río arriba y, usando piochas y motosierras, removió el canal de desvío colocado por la empresa de caña Tululá en el Río Sis.

El movimiento de liberación de ríos en la Costa Sur es regional y convoca acciones individuales que involucran a gente de comunidades que no necesariamente dependen del río afectado. Las poblaciones alrededor de El Rosario se han organizado mediante de una red local y participan en la liberación de ríos cercanos pasen, o no, por sus territorios. En otras zonas de la Costa Sur, la gente responde a las convocatorias de organizaciones campesinas para liberar ríos.

En la ocupación de Suchitepéquez hablé con Fernando, un hombre que fue herido de bala por guardias de seguridad privada mientras abría un bloqueo en el Río Sis, lejos de su propia comunidad. Le pregunté si después de la agresión se sentía desencantado de la lucha por liberar los ríos: “Al contrario, pues creo que agarré más valor,” dijo. “Hoy me siento bastante tranquilo, más animado, sigo motivado de seguir luchando, para un día conseguir la liberación de nuestros ríos.” Con la herida del torso cicatrizada, Fernando me dijo que ya está listo para apoyar otras acciones de liberación en los próximos meses de sequía.

Las batallas por el agua en Guatemala

Las acciones de liberación de ríos empezaron en febrero de 2016 y tomaron a Guatemala por sorpresa. La sustracción ilegal de agua de río por la agroindustria ya venía siendo un problema mayor desde hace años, pero hasta que un grupo de unos cientos de locales liberaron el Río Madre Vieja en Escuintla, ningún otro cuerpo de agua había sido reabierto por miembros de la comunidad. Desde entonces, las comunidades de la Costa Sur han ido liberado sus ríos, uno por uno, abriendo presas, cerrando canales de desvío y arrancando tuberías de irrigación.

Estas comunidades tienen a la ley de su lado – aparentemente. El artículo 260 del Código Penal guatemalteco prohíbe el represamiento, desvío y bloqueo de fuentes hídricas, impidiendo el derecho de otros sobre dichas aguas con penas que van de uno a tres años de cárcel. Sin embargo, el artículo también establece la misma sanción por la destrucción parcial o total de represas, canales y otro tipo de infraestructura; lo que significa la amenaza de cárcel para las comunidades por sus acciones. Tan sólo en el año 2016, mil 237 denuncias de desvío y contaminación de ríos fueron presentadas ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). De éstas, sin embargo, el MARN sólo refirió 41 al Ministerio Público para ser investigadas. Todas las compañías mencionadas públicamente en las 41 investigaciones son nacionales.

En vez de iniciar procedimientos penales, los oficiales de gobierno frecuentemente organizan mesas de diálogo entre las comunidades afectadas y los representantes de las agroempresas con el fin de lograr acuerdos de uso compartido del agua. No obstante, en todos los lugares que visité, los miembros de la comunidad me dijeron que esos acuerdos no llevaban a nada, que las compañías acababan por faltar a sus compromisos o reconstruir sus bloqueos luego de haberlos removido.

Dentro de este contexto frustrante, la presión de las comunidades ha ido impulsando la regulación del uso de agua en Guatemala por parte del estado. En abril de 2016, 35 mil campesinos realizaron una marcha de 11 días atrayendo la atención sobre la situación crítica de las poblaciones, las cuales se enfrentan, no sólo a la sustracción de agua, sino también a una contaminación industrial rampante y a la construcción de represas hidroeléctricas impugnadas. Sólo unas semanas después de la marcha, Lecadio Juracán y Sandra Morán –líderes de movimientos sociales que se volvieron representantes del Congreso de la República– propusieron una ley que protegería el acceso comunitario al agua y castigaría su sustracción industrial.

Ligeramente al norte de las tierras bajas de la costa, en Retalhuleu, visité el municipio de El Asintal, el cual padece los tres agravios denunciados por la Marcha por el Agua: uso ilegal de agua por parte de la industria, contaminación y represas hidroeléctricas.

El Asintal, enclavado entre el Río Xab y el Río Nil, se conforma por 28 comunidades. La mayoría de las cuales se establecen a las orillas de los ríos y, hasta hace poco, disfrutaban de acceso ilimitado a aguas limpias. Pero ya no más. Investigaciones realizadas por las mismas comunidades han revelado la contaminación por químicos industriales y cultivo piscícola, así como los desperdicios brutos de criaderos de cerdos y pollos, todo arrojado directamente a sus ríos. Ante la ola de diarrea y enfermedades de la piel, los habitantes empezaron a recorrer el largo de sus ríos para investigar. Además de la contaminación industrial, fueron sorprendidos al encontrar una represa hidroeléctrica en construcción: el proyecto Santa Margarita, de 1.6 MW. Río abajo, la comunidad descubrió que el goteo de agua contaminada presente en el Río Nil está siendo desviado hacia las fincas de la Costa Sur.

Aun cuando el nivel de contaminación que padecen los habitantes de El Asintal es alarmante, está lejos de ser una condición fuera de lo común. El ministro de Ambiente de Guatemala, Sydney Samuels, declaró recientemente que 95% de los ríos de ese país están contaminados.

Las 28 comunidades de El Asintal se han organizado bajo el Consejo en Defensa del Ambiente de El Asintal y actualmente luchan para lograr que se limpien sus ríos y para evitar la construcción de la hidroeléctrica. Esto se ha vuelto un caso frecuente en Guatemala, donde, además de las 35 que ya operan, hay 103 represas hidroeléctricas en proceso de construcción. Y aun cuando el Ministerio de Energía y Minas reconoce que 14 de los proyectos son materia de conflicto con las comunidades aledañas, el número es, sin duda, más alto. La represa en El Asintal, por ejemplo, no está incluida en la lista oficial de las impugnadas.

Junto con las hidroeléctricas, las minas de metales también son causa de explotación y contaminación de las fuentes de agua. La Mina Marlin en el departamento de San Marcos usa – según reporta – 45 mil litros de agua por hora y altos niveles de arsénico, cianuro y mercurio han sido detectados en las aguas cercanas. Las cuatro minas que operan en Guatemala son tema de conflictos graves, que involucran procesos de militarización y represiones violentas alrededor de las comunidades afectadas por sus actividades extractivas.

La violencia contra los y las defensores del agua

La expansión de la agroindustria en la Costa Sur es sólo una de las partes que conforma una realidad completa de Guatemala: la actividad de extracción de recursos naturales está desecando ríos, contaminando el agua, robando territorios y violando los derechos de los pueblos indígenas. Donde sea que los proyectos de extracción aparecen traen consigo niveles crecientes de violencia y conflicto. Según la ONG Global Witness, desde 2002, por lo menos 43 defensores de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) –monitora de los derechos guatemaltecos – registra miles más que han sido heridos, amenazados, capturados o desplazados.

Mientras que las comunidades que se oponen a la actividad minera y a los proyectos hidroeléctricos han sufrido la militarización y se han vuelto objetivos de ataques armados, aquellas afectadas por la sustracción de agua en la Costa Sur, frecuentemente se ven confrontados por el personal de seguridad privada y los empleados armados que vigilan las fincas de las empresas.

A pesar de lo mucho que le gustaría abrir cada uno de los bloqueos del Río Bola, Elena, habitante de El Rosario, sabe qué áreas son peligrosas. “A la finca HAME no me metía. A la finca de los Fernández no nos metíamos porque allí hay seguridad. Yo de parte mía, temo por mi vida.”

Fernando, a quien le dispararon mientras liberaba el Río Sis, dijo que cuando su grupo llegó ya había guardias esperándolos. “Ellos estaban cuidando ese río, porque ya les había llegado [el aviso] de que nosotros íbamos a llegar a liberarlo,” dijo. “Ya tenían una seguridad permanente, ahí en el punto, para que nadie abriera la compuerta que tiene el río.”

Cuando no son confrontados por personal de seguridad, muchos de los defensores del agua son acosados con acciones judiciales en su contra, interpuestas por los propietarios de las fincas o las agroempresas. Una comunidad en el municipio de San Andrés Villa Seca, por ejemplo, desenterró y arrancó una tubería de drenaje no autorizada que corría contaminantes bajo sus terrenos; como respuesta, los habitantes han sido acusados penalmente. Alfonso me mostró la citación legal que le fue entregada: es acusado de “coacción y amenazas,” en otras palabras, de organizar a los miembros de su comunidad para defender sus derechos.

La criminalización – definida como la denuncia judicial, detención ilegal o arbitraria o difamación – se ha vuelto la táctica predilecta de las empresas en contra de los organizadores comunitarios. Amnistía Internacional recientemente ha denunciado el uso estructurado del sistema de justicia guatemalteco para hostigar activistas, señalando que “la criminalización […] tiene la intención de acabar con los movimientos y las organizaciones, desgastando a los defensores y sacándolos de la esfera pública.” Aparentemente la ley funciona como una más de las herramientas en la bolsa de aquellos que no pararán ante nada para sofocar la oposición comunitaria a los proyectos extractivos.

En aguas oscuras

Una vez que se han liberado los ríos de la sustracción industrial, las luchas comunitarias por el agua están lejos de terminar. Frecuentemente las fincas vuelven a colocar la infraestructura que fue removida o simplemente la cambian a otros puntos en el río para construir nuevos canales, presas o pozos.

Además, en los casos en los que los ríos liberados se mantienen abiertos, el problema de su contaminación permanece. Julio señaló que, aunque su comunidad ha protegido la profundidad del Río Icán al liberarlo, “toda la contaminación sí se sigue dando porque de hecho viene de las huleras que están allá. Hay una industria de hule que está arriba y todos esos desagües los tiran también al Río Icán, entonces de hecho pasan y esa agua no se puede beber. Al menos los animales sí, pero nosotros no podemos tomar esa agua.” Secuestrada y luego liberada, el agua en la Costa Sur, no deja de estar envenenada.

Si bien el objetivo inmediato es la liberación de ríos, la batalla más importante es por expulsar a las agroindustrías de la región. La idea de “Cero caña,” como una persona la explicó implica, la remoción de las compañías azucareras y el retorno a la producción de granos básicos y al acceso al agua en la zona. En Champerico, las 18 comunidades que se han organizado en contra de la industria azucarera, recientemente se retiraron del diálogo con las empresas y el gobierno, argumentando que los acuerdos alcanzados están enfocados a ” tácticas dilatorias de parte del Estado y un proceso viciado de legalización de los usuarios industriales sin ningún fundamento técnico.”

“Tal vez eso quiere el gobierno, el Estado, que haya guerra.”

Por su parte, las comunidades planean emprender medidas de hecho adicionales para forzar la salida de las empresas. Entre éstas se planea un bloqueo carretero durante la cosecha de azúcar para que los camiones de la compañía no puedan llevar la caña a los ingenios que están al norte de las plantaciones.

“No dejar salir jaulas,” dijo Elena de El Rosario. “Que miren por dónde sacan sus jaulas, si las sacan por aire o las sacan en avión, o que las expriman aquí en su finca, pero nosotros no vamos a dejar sacar la caña.”

Una intensificación del conflicto en la Costa Sur se vislumbra problemáticamente cercano. El agua necesaria para sobrevivir se está agotando y la que queda es imposible de beber. Las tierras para cultivar comida de subsistencia también se están acabando. Y la respuesta de las autoridades y las agroempresas ha sido dar la espalda a las comunidades o atraparlos en disputas legales orientadas a socavar su resistencia.

De cualquier forma, la resistencia sigue creciendo, por lo que los niveles de represión violenta que se viven alrededor de las minas y las represas hidroeléctricas a lo largo del resto de Guatemala, no estarán lejos. Con los derechos, recursos y territorios siendo pisoteados en favor del negocio, en la costa y a lo largo de todo el país, Guatemala se encuentra en un estado preocupante de declive hacia una situación de mayor violencia.

“Vamos a volver al tiempo de antes de la guerra,” dijo Elena. “Tal vez eso quiere el gobierno, el Estado, que haya guerra.”

*Los nombres de las personas mencionadas en este artículo han sido cambiados para proteger sus identidades.

Simon Granovsky- Larsen es profesor de Política y estudios internacionales en la Universidad de Regina. Actualmente sus investigaciones se enfocan a la violencia en contra de las personas que se oponen a los proyectos extractivos en Guatemala. simongranovskylarsen.com

Este artículo apareció originalmente aquí como parte de Upside Down World. Agradecemos su autorización para la publicación en esta página.